El pasado 11 de enero se cumplieron treinta años de la despenalización de la homosexualidad en España. Recordemos que muchos/as transexuales y homosexuales estaban encarcelados en prisiones del Estado donde fueron recluidos a causa de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social aprobada en 1970, que se fundamentaba en la Ley de Vagos y Maleantes de 1954. Sin embargo, a ellas y ellos tan sólo hasta 1979 se les aplicaron las leyes de amnistía e indulto.

Recientemente, España ha articulado medidas a favor de este colectivo con el fin de recuperar su memoria histórica y otorgarles una indemnización. No por ello se han acabado la LGTBfobia; la discriminación por orientación sexual en la familia, la escuela (bullying escolar), la iglesia, la sociedad civil e inclusive de algunas autoridades; como tampoco se ha logrado plenamente una educación más inclusiva y respetuosa con las diversidades de sexo, géneros u orientaciones sexuales, o que el integrismo religioso no siga instigando y incitando a la homofobia y la exclusión social, al igual que lo hacían en tiempos del franquismo.

Como lo exigen la "Asociación ex presos sociales" (Lesbianas, Homosexuales y Transexuales represaliados en la dictadura Franquista) y entre otras organizaciones, Decide-T Asociación de Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales de Alicante, el gobierno debe implicarse efectivamente y brindar el pleno apoyo para hacer realidad la iniciativa europea de despenalizar la homosexualidad en todo el mundo, presentada en la ONU por Francia el noviembre pasado. Nos corresponde a todos exigir un estado laico, una educación no religiosa y el respeto más escrupuloso a los Derechos Humanos.

Mucho se ha ganado en torno a derechos, pero aún existe un largo camino por recorrer; las organizaciones y personas tienen la obligación de trabajar para que los avances realizados por el Estado tengan su reflejo en el conjunto internacional, pues la transexualidad y la homosexualidad aún están penadas con la muerte y la prisión en numerosos países.