La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, declaró admisible la denuncia de discriminación por orientación sexual, originada en el fallo de la Corte Suprema que despojó a la jueza Karen Atala de la tuición de sus tres hijas.
La denuncia ante la CIDH fue presentada en noviembre de 2004, seis meses después de una decisión del máximo tribunal de Justicia basada en el perjuicio al bien superior de las tres hijas ocasionado por la convivencia de la madre con su pareja lésbica.
En su calidad de denunciantes ante la CIDH, la Corporación Humanas, el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales y Libertades Públicas Asociación Gremial, dieron a conocer la decisión del organismo interamericano, en cuyo informe se establece la posibilidad que el Estado chileno haya violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de una resolución judicial que vulnera las garantías que protegen la igualdad, la vida privada y familiar, el debido proceso y los derechos del niño.
El dictamen de la CIDH desestimó la argumentación del Estado que, a través de la Dirección de DD.HH. de la Cancillería, solicitó la inadmisibilidad de la denuncia y defendió la resolución de la Corte Suprema, asegurando que se basaba en "el interés superior de las niñas".
Según revela el informe de admisibilidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la convivencia de la madre con una pareja del mismo sexo "se estimó inconveniente para la formación y riesgoso para el desarrollo de las menores en el actual contexto de la sociedad chilena".
Los abogados Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas, y Nicolás Espejo, director del Centro de DD.HH. de la UDP, lamentaron que a través de su defensa el Gobierno reivindique un fallo judicial que discrimina contra las madres y padres homosexuales, al distinguir de manera arbitraria e irrazonable entre la habilidad de padres heterosexuales y homosexuales para cuidar a sus hijos adecuadamente.
Finalmente, solicitaron que el Estado emprenda acciones efectivas para promover los valores de respeto e inclusión para las minorías sexuales.
El diario La Tercera indicó en una nota que la magistrada habría renunciado eso si a la tuición de sus tres hijas ante la Comisión Interamericana en octubre del año 2007. Estrategia y decisión que fue tomada para no forzar a las menores a cambiar de ambiente familiar nuevamente, según explican en la nota. La magistrada continuará de todas maneras con la demanda ante el organismo en todo lo referente a la discriminación y los perjucios que sufrió ante el fallo de la Corte Suprema que la quitó la tuición de sus tres hijas en mayo del año 2004.
La denuncia ante la CIDH fue presentada en noviembre de 2004, seis meses después de una decisión del máximo tribunal de Justicia basada en el perjuicio al bien superior de las tres hijas ocasionado por la convivencia de la madre con su pareja lésbica.
En su calidad de denunciantes ante la CIDH, la Corporación Humanas, el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales y Libertades Públicas Asociación Gremial, dieron a conocer la decisión del organismo interamericano, en cuyo informe se establece la posibilidad que el Estado chileno haya violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de una resolución judicial que vulnera las garantías que protegen la igualdad, la vida privada y familiar, el debido proceso y los derechos del niño.
El dictamen de la CIDH desestimó la argumentación del Estado que, a través de la Dirección de DD.HH. de la Cancillería, solicitó la inadmisibilidad de la denuncia y defendió la resolución de la Corte Suprema, asegurando que se basaba en "el interés superior de las niñas".
Según revela el informe de admisibilidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la convivencia de la madre con una pareja del mismo sexo "se estimó inconveniente para la formación y riesgoso para el desarrollo de las menores en el actual contexto de la sociedad chilena".
Los abogados Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas, y Nicolás Espejo, director del Centro de DD.HH. de la UDP, lamentaron que a través de su defensa el Gobierno reivindique un fallo judicial que discrimina contra las madres y padres homosexuales, al distinguir de manera arbitraria e irrazonable entre la habilidad de padres heterosexuales y homosexuales para cuidar a sus hijos adecuadamente.
Finalmente, solicitaron que el Estado emprenda acciones efectivas para promover los valores de respeto e inclusión para las minorías sexuales.
El diario La Tercera indicó en una nota que la magistrada habría renunciado eso si a la tuición de sus tres hijas ante la Comisión Interamericana en octubre del año 2007. Estrategia y decisión que fue tomada para no forzar a las menores a cambiar de ambiente familiar nuevamente, según explican en la nota. La magistrada continuará de todas maneras con la demanda ante el organismo en todo lo referente a la discriminación y los perjucios que sufrió ante el fallo de la Corte Suprema que la quitó la tuición de sus tres hijas en mayo del año 2004.
